Durísima carta de los intendentes al Gobernador Schiaretti: «Cuando la burla es la regla»
La misma responde a la negativa de la legislatura de dar el debate para la modificación del art.7 de la ley 10.406 que consideran anticonstitucional. La crítica alcanza a ministros, legisladores y también aseguran no harán campaña para Hacemos por Córdoba y que llamarán a elecciones antes de las de gobernador y que hasta pueden presentar lista propia a gobernador y legisladores.
La Carta completa dice:
El grupo de 250 Intendentes y Presidentes Comunales “Autoconvocados” manifiesta su enérgico repudio y rechazo al destrato, falta de respeto, burla, manoseo y ninguneo recibido de parte del Gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti, Ministros Provinciales, Autoridades de Diversos Partidos Políticos (Radicales, PRO, Juntos por El Cambio, Hacemos por Córdoba, etc), Legisladores Provinciales y Nacionales y Periodistas (funcionales al Poder de turno) luego del pedido de tratamiento de modificación de la Ley N°: 10.406.
Las diversas gestiones realizadas en torno a la solicitud de modificación, por única vez, del art. 7 de la Ley Provincial N°: 10.406, donde se solicitaba la habilitación de la posibilidad de presentarse por un período más como candidatos en las localidades del interior provincial (para los cargos de Intendentes, Presidentes Comunales, Concejales, Tribunos de Cuenta y miembros de la Comisiones Comunales), dado que ninguna legislación, en ningún nivel de Estado, puede ser retroactiva, quedó absolutamente cerrada.
De esta forma, se desconoció el pedido de los verdaderos representantes del pueblo y sus intereses, quienes, además, en el interior provincial somos los que estamos al frente de la resolución de las demandas ciudadanas, todos los días, aún en circunstancia tan adversas, como lo fue la Pandemia de COVID, que sin contar con ningún apoyo serio de parte del Gobierno Provincial, afrontamos el escenario con recursos propios y el apoyo inconmensurable de los vecinos, pudiendo salir adelante evitando daños y perjuicios mucho mayores.
Nunca se pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como si lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983. Nuestra solicitud es clara: habilitar, a través de la corrección política de una ley que jurídicamente está mal, la posibilidad de ser candidatos por un período más y, elección de por medio, continuar trabajando por el progreso de nuestras localidades y el bienestar de los vecinos. Solamente ellos tienen la potestad de legitimar con su voto el accionar de sus representantes locales, en elecciones legales, legítimas y democráticas.
En el año 2016 se aprobó una ley, jurídicamente incorrecta, que no estaba ni está como temática a abordar en el orden de prioridades de la ciudadanía cordobesa. Una ley anti democrática que en los hechos nos proscribe y atenta contra la voluntad popular.
Hoy los graves problemas y falencias que atraviesa nuestra provincia en materia de: educación, salud, seguridad, justicia, obra pública, viviendas, infraestructura de servicios públicos básicos, salarios, entre otros, principalmente en el interior provincial, donde la distribución de los recursos de un gobierno provincial que se dice “federal”, dista mucho de soluciones de fondo y de ser equitativa.
El gobierno de Schiaretti implementa programas que poco favorecen al desarrollo y bienestar de las comunidades del interior y van a contramano de las demandas reales que tiene la sociedad cordobesa. Los recursos se concentran en las grandes ciudades y para el resto solo llegan migajas maquilladas por grandes aparatos publicitarios y marketineros financiados con los impuestos de todos los vecinos, principalmente, de nuestro interior productivo y pujante.
Ante esta tergiversación profusa entre el ser y el hacer, los Intendentes y Presidentes Comunales “Autoconvocados” del Interior Cordobés, reiteramos el rechazo al trato recibido por todas las autoridades provinciales y sus prácticas políticas, postulamos adelantar conjuntamente la fecha de los comicios para la elección de autoridades locales, prescindir del apoyo dado a cualquier candidato, de todo partido político, para los cargos provinciales, además de no enviar representantes ni fiscales partidarios para la fiscalización de las elecciones provinciales en cada comunidad y no descartar la presentación de una lista propia, con candidatos propios, para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Departamentales y de la Lista Sábana y Tribunal de Cuentas Provincial.
