El Estado no licitará más obra pública y cancelará proyectos aprobados que no comenzaron
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuya ejecución aún no haya comenzado, como parte del conjunto de medidas incluidas en el paquete de emergencia económica dado a conocer en la tarde de este martes.
«La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno», argumentó Caputo en un mensaje grabado y difundido por el canal de Youtube de la Presidencia.
La medida, anticipada durante la campaña por el presidente Javier Milei, tuvo este martes su confirmación cuando el titular del Palacio de Hacienda sentenció que «el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva».
Días atrás, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, también se había manifestado en similar sintonía, al resaltar la necesidad de «reducir la participación del Estado en la economía para darle espacio al sector privado”
De la misma manera, se «van a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado» por lo que se puede interpretar que se respetará la continuidad de las que ya se hayan iniciado en el último tramo del gobierno del expresiente Alberto Fernández.
«La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina», reafirmó Caputo en un tramo de su presentación en la que detalló diez medidas cuyos detalles de instrumentación se darán a conocer en las próximas horas y jornadas.
En ese aspecto, el ministro concluyó que «las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo».
«Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo»Luis Caputo
Días atrás, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, también se había manifestado en similar sintonía, al resaltar la necesidad de «reducir la participación del Estado en la economía para darle espacio al sector privado”.
Para ello, se buscará actualizar la ley de concesiones de la cual dependen la gestión del sistema de ferrocarriles, puertos, centrales hidroelétricas y corredores viales que tienen, en su mayoría, contratos vencidos en los últimos años.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, había planteado en los últimos días su «preocupación» ante el eventual fin de la obra pública nacional, al explicar que “entre trabajadores jornalizados y mensualizados el sector está en el orden de 550.000 personas», de los cuales sólo la mitad responde a obra privada.