Las clausuras de medios que ordenó la Junta para controlar la difusión de la guerra
La Junta Militar dispuso la clausura temporaria de varios medios de prensa durante la guerra de Malvinas por “vulnerar” el cerco informativo sobre las operaciones militares.
“En razón de haber vulnerado pauta referida a difusión de informaciones sobre el desarrollo de operaciones militares, dispondrá la clausura por 72 horas de la agencia Noticias Argentinas”, fundamentaba la medida de censura, en estilo telegráfico, el Estado Mayor Conjunto.
Las pautas que referían los militares eran las impuestas por la Junta a través de su “Plan de Comunicación Social para la Recuperación de las Malvinas”.
Fernando Aguinaga, periodista en aquel momento de la agencia privada de noticias, recordó en diálogo con Somostélam que “el 4 de junio nos comunican verbalmente la clausura y el 5 se hace efectiva”.
“El 7 se levanta la clausura pero el decreto firmado por Galtieri (Leopoldo, presidente de facto) sale diez días después en el Boletín Oficial”, recordó Aguinaga que con orgullo profesional aclaró: “Nunca dejamos de funcionar”.
El mecanismo de control había sido planificado por el contraalmirante Salvio Olegario Menéndez, por entonces una alta autoridad militar en inteligencia y ex subdirector de la ESMA, bajo la autoproclamada necesidad de “neutralizar toda información negativa”.
De la misma manera, la Junta sancionó al diario “El Patagónico” de Comodoro Rivadavia, con una clausura temporaria que operó entre el 5 y el 8 de junio, también por “haber vulnerado la pauta” que los militares habían fijado arbitrariamente y con fundamentos vagos y difusos.
Tanto en la sanción a Noticias Argentinas como a El Patagónico, no se aclara en el documento militar al que tuvo acceso Somostélam la información a la que alude para justificar la sanción, sino simplemente se evoca no respetar las reglas unilaterales para informar sobre el desarrollo de las operaciones militares.
Extraoficialmente los periodistas supieron que la sanción derivaba de haber mandado a los abonados despachos que daban cuenta de “actividades en el centro de operaciones”, es decir, sobre los combates en las islas.
En el momento en que se produjeron las sanciones a medios y periodistas, la primera quincena de junio de 1982, la suerte del conflicto estaba echada y faltaban pocos días para la rendición de las tropas argentinas.
En la desesperación por esa guerra que se perdía, el Estado Mayor Conjunto, que nuclea y coordina a las tres fuerzas armadas, dispuso el 12 de junio –dos días antes de la rendición argentina- “designar veedores militares” en agencias noticiosas, diarios y revistas.
Para estas intervenciones el Estado Mayor Conjunto habilitaba a los militares responsables a disponer de “guarniciones locales”, si fuera “necesario” el uso de la fuerza y delegaba esa función represiva en el Ministerio del Interior, a cargo entonces del general Alfredo Saint-Jean, procesado luego en democracia por más de treinta delitos de lesa humanidad.
