El cierre del principal sanatorio del departamento Marcos Juárez expone con crudeza el deterioro del sistema de atención para jubilados en la región y deja a más de 5.500 afiliados del PAMI en una situación de incertidumbre total. El impacto no es solo sanitario: ocurre en medio del inicio de la campaña municipal y bajo un Gobierno nacional atravesado por denuncias de corrupción.

La decisión del Sanatorio Sudeste de no renovar su convenio con el PAMI —organismo que depende del gobierno de Javier Milei— marca un punto de quiebre. Según fuentes del sector, el esquema de pagos no se actualizó acorde al aumento de costos médicos, salarios e insumos. La respuesta de la obra social habría sido mínima, lo que terminó de sellar el cierre.

Jubilados sin respuestas

En la ciudad, la preocupación crece día a día. Afiliados se acercan a la delegación local sin obtener definiciones claras. El titular del organismo en la zona, Leonardo Scaffino, referente del espacio libertario en el departamento, mantiene negociaciones abiertas, pero sin resultados concretos hasta el momento.

El problema es inmediato y concreto: pacientes con tratamientos en curso, cirugías programadas o internaciones no saben cómo continuarán su atención desde abril.

Un sistema sin capacidad de respuesta

Una de las alternativas evaluadas fue trasladar la demanda al Hospital Regional Abel Ayerza. Sin embargo, desde el gobierno provincial de Martín Llaryora fueron tajantes: el sistema público no tiene infraestructura ni recursos humanos para absorber de golpe semejante volumen de pacientes.

La situación refuerza el planteo del oficialismo cordobés, que advierte que los recortes y desmanejos nacionales terminan trasladando la presión al sistema provincial.

Tampoco hubo acuerdo con prestadores privados locales: ninguno cuenta con capacidad operativa para incorporar la demanda del PAMI.

La opción que preocupa: atención a 120 km

La alternativa más avanzada sería derivar a los afiliados a centros de salud en Villa María, a unos 120 kilómetros. La solución, lejos de aliviar, genera más incertidumbre.

Profesionales de la salud advierten sobre los riesgos: traslados largos, demoras en urgencias y dificultades para pacientes crónicos. “No es viable para cuadros complejos”, señalan.

Impacto político en año electoral

La crisis estalla en un momento clave. El 6 de septiembre, Marcos Juárez elegirá intendente, y la actual jefa municipal, Sara Majorel, busca la reelección mientras explora acuerdos con La Libertad Avanza.

El conflicto también escala a nivel provincial. En la Legislatura, la dirigente Julieta Rinaldi impulsó un pronunciamiento alertando sobre el “riesgo sanitario inmediato” y el colapso potencial del sistema público.

Reclamo en las calles y el Concejo Deliberante

El malestar ya se expresa públicamente. Jubilados se presentaron en el Concejo Deliberante para exigir soluciones urgentes. La escena refleja el nivel de angustia: miles de personas mayores quedaron sin cobertura de internación en su propia ciudad.

Un contexto nacional que agrava el escenario

El conflicto se da en paralelo a un escenario nacional marcado por la falta de actualización de jubilaciones, denuncias de corrupción que salpican al gobierno —como el caso $Libra— y cuestionamientos sobre el nivel de vida de funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En ese marco, la crisis del PAMI en Marcos Juárez deja de ser un problema local: se convierte en un símbolo del ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables.