¿Alcanza una ley que penalice los discursos que relativizan crímenes de lesa humanidad?
Poner en duda, banalizar o negar los crímenes de lesa humanidad y el sufrimiento de las víctimas de la última dictadura militar con expresiones emparentadas a los discursos de odio, en pos de instaurar una narrativa «fraudulenta» y otro «orden» social, motorizó en los últimos años un debate en torno a la necesidad de una ley que penalice el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina.
La idea -contenida en algunos proyectos parlamentarios- apuntaría a replicar normativas ya vigentes en otros países que condenan a quienes niegan los crímenes cometidos durante el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Adolf Hitler.
Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Letonia y Liechtenstein tienen legislación que penaliza, con matices, a quienes justifiquen o nieguen el holocausto.
En Chile y Uruguay, como en Argentina, donde la mirada está puesta en el terrorismo de Estado desplegado por las dictaduras militares durante la década del 70, las iniciativas legislativas no llegaron por el momento a tener chance de ser votadas en los recintos parlamentarios.
¿Alcanza una ley penal para frenar la proliferación de discursos negacionistas? ¿Se afectaría el derecho a la libertad de expresión? ¿Sobre quiénes debería caer una sanción por incumplir con esa norma? Esos interrogantes se plantean los especialistas y referentes de organismos defensores de derechos humanos consultados por Télam, aunque coinciden en la necesidad de «limitar» estos mensajes emparentados con los llamados «discursos de odio».
Las expresiones negacionistas «son una historia fraudulenta destinada a crear las condiciones para repetir las prácticas negadas, desacreditar a las víctimas y reponer o consolidar la realidad que combatieron los represaliados; todo negacionismo es parte de un discurso del orden y se emparenta con los demás discursos de historia fraudulenta porque comparten la ruptura de la sujeción ética con la verdad«.
Así lo explicó en diálogo con Télam Félix Crous, fiscal con una amplia trayectoria en causas por delitos de lesa humanidad, violencia institucional y extitular de la Oficina Anticorrupción (OA), donde se desempeñó hasta diciembre del año pasado.
En los últimos años el repudio al terrorismo de Estado es cada vez más cuestionado por sectores conservadores y espacios políticos de derecha.
Los ejemplos abundan entre dirigentes de Juntos por el Cambio: el expresidente Mauricio Macri se refirió al «curro de los derechos humanos»; la exgobernadora María Eugenia Vidal dijo que la cantidad de desaparecidos durante la dictadura «es un número difícil de saber con exactitud», al igual que la ahora precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich.
«Necesitamos una ley contra el negacionismo. La Argentina la necesita, no la necesitó hasta el 2015 porque no había nadie que negara» los delitos de lesa humanidad, expresó esta semana la vicepresidenta Cristina Kirchner en una clara alusión al Gobierno de Macri, durante un acto en el que fue repatriado uno de los aviones utilizados en los llamados «vuelos de la muerte», acompañada por las hijas de algunas de las víctimas de la dictadura.
En el tiempo que gobernó Cambiemos hubo muchas otras voces en ese sentido, como la del exministro aliancista Ricardo López Murphy, quien habló de una «guerra» y no una dictadura lo que vivió el país en los `70 y también sembró dudas sobre la cantidad de víctimas del Estado represivo; la del exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, que aseguró que «no hubo 30 mil desaparecidos» y la del exjefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien negó la existencia de un plan sistemático para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Para el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, «los negacionistas se presentan como racionales y usan la relativización y la trivialización o banalización de los hechos para ser más persuasivos y aceptables» porque «la negación burda no convence a nadie».
«Estaría bien tipificar el negacionismo como delito porque ello demostraría, traduciría, el consenso social existente en torno a que una conducta negacionista es una conducta no querida. Si sanciono el robo, el homicidio o la estafa es porque la sociedad en su conjunto acuerda que el robo, el homicidio o la estaba son conductas no queridas, reprochables. Lo mismo quedaría en claro si se tipificara como delito al negacionismo», argumentó Torremare.
Con todo, advirtió que una legislación «exige que sea clarísimo en determinar qué conducta puede calificarse como negacionista, qué entra en el término negacionismo y qué no entra» porque esa definición «no puede ser ambigua».
Negacionismo es el término utilizado por naciones que sufrieron opresión y exterminio de sus ciudadanos por razones políticas para la negación o minimización de esos eventos traumáticos, como el Holocausto, genocidios, crímenes de guerra u otras atrocidades.
La pregunta sobre si penalizar el negacionismo afecta el derecho a la libertad de expresión divide aguas en organismos nacionales e internacionales. Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se expresó con posiciones contrapuestas en el transcurso de pocos años: en su Observación General 10 afirmó que criminalizar el negacionismo no vulneraba derechos humanos y, en cambio, en su Observación General 34 evaluó que debía protegerse el derecho de toda persona a manifestar su opinión sin interferencia, ni restricción de ninguna índole.
«Esta tensión se repite en el sistema regional de protección de derechos humanos y también hacia el interior de los países», apuntó Torremare, pero analizó que, por lo menos, el negacionismo podría ser incluido «entre los discursos que incitan al odio y a la violencia que hoy están penalizados» en el país.
También para Crous el negacionismo está inscripto en el «avance» a nivel global de los discursos de odio e impacta en la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia porque interfiere en un «proceso de legado».
«Ese legado es portado por el relato. Los medios difusores del discurso negacionista, como portadores intermediarios del relato, con su enorme poder de pregnancia social, afectan severamente la construcción de sentido en aquellos que no tienen un conocimiento consolidado o posiciones sólidas al respecto», reflexionó.
Pareciera necesario entonces, más allá de la existencia de una norma, avanzar en una batalla cultural hacia el interior de la sociedad. «Educación, normas administrativas y, por último, leyes penales», sintetizó Crous
«Necesitamos que sea la sociedad en su conjunto la que repudie el negacionismo. Una sociedad no puede tener como referente a alguien que niega el dolor y el sufrimiento que han experimentado millares de personas. La educación es la madre de todas las batallas y, por eso, hay que trabajar en educación en derechos humanos y en memoria, la clave está ahí», opinó Torremare.
El presidente de la APDH insistió con que una eventual penalización debe ser «clara y precisa» y estar dirigida «sólo» a los funcionarios públicos, dado que «nadie que tenga una postura negacionista puede ocupar un rol en el Estado».
«Quien no puede incurrir en negacionismo es el Estado porque tiene la obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, asumida en tratados internacionales. Por eso, cuando un funcionario incurre en una actitud negacionista compromete la responsabilidad del Estado», concluyó.
