El proyecto de ley ómnibus busca crear un ente regulador para la electricidad y el gas

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El proyecto de ley ómnibus enviado este miércoles por la tarde por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, con lo que se unificará la tarea que en la actualidad realizan por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En la iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias, se precisa que “hasta tanto no se constituya el nuevo Ente, los actuales ENRE y Enargas continuarán en ejercicio de sus funciones respectivas”.

Puntualmente, el artículo 316 de la Sección V del Capítulo IX, establece la creación del “Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el que una vez constituido reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la Ley N° 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076”.

Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente los actuales ENRE y Enargas continuarn en ejercicio
Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente, los actuales ENRE y Enargas continuarán en ejercicio

Por otro lado, la iniciativa denominada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» también impulsa la incorporación de legislación ambiental en el ámbito de los hidrocarburos.

“A los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) comprometidos por la República Argentina en las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”, sostiene el artículo 320.

Por lo demás, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado.

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