El juez Román Parodi tiene cinco días para decidir si dicta o no la prisión preventiva de los dos dirigentes del Sindicato de Camioneros detenidos en San Nicolás por el bloqueo a una empresa: todo indica que el próximo miércoles avanzará una causa clave que se enturbió por las presiones políticas y gremiales que llevaron a la jueza María Eugenia Maiztegui a pedir una licencia por estrés.
En San Nicolás, Parodi, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 desde abril de 2019, tiene fama de magistrado “objetivo” y quienes lo conocen aseguran que “no se va a dejar apretar”. Con muchos años en la carrera judicial, antes fue secretario del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hace 24 horas, luego de que Maiztegui se descompensó y pidió licencia, Parodi encabezó la audiencia que estaba prevista, en la que Cabaleyro y Espíndola fueron notificados sobre las acusaciones que recibieron y tanto los denunciantes como los defensores pudieron exponer sus argumentos.
Los abogados de los sindicalistas pidieron al juez que sean liberados directamente, que se les coloque una tobillera electrónica o que paguen una fianza, mientras que Arietto solicitó que se confirme la prisión preventiva y aseguró que el motivo por el cual están detenidos es “un sistema coordinado por el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano” y que quedan en libertad “es muy posible que obstruyan la tarea de la Justicia o amenacen a los testigos en un juicio oral”.
Curiosamente, según trascendió, los defensores de Cabaleyro y Espíndola no cuestionaron la calificación de extorsión por la cual están imputados y sólo hicieron referencia a la necesidad de que los liberen porque las cárceles están colapsadas y los dirigentes tienen un fuerte arraigo en la ciudad.
Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Capital y Buenos Aires, estuvo este jueves en San Nicolás al frente de unos 100 manifestantes en respaldo de los dirigentes detenidos.
El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, volvió a tener una postura dura contra el Sindicato de Camioneros por las presiones ejercidas contra la jueza: “Primero quisieron tomar de rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la justicia, con la complicidad del Gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de Moyano. Argentina no tiene futuro por este camino”, señaló en su cuenta de Twitter.
El lunes pasado, en conferencia de prensa, Hugo Moyano afirmó que “este procedimiento es una clara causa de lawfare” y acusó a la Justicia de actuar en connivencia con “intereses políticos” para “perseguir” al gremio. Y agregó: “Todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirigencia gremial en general y a los trabajadores en particular, es una maniobra judicial”.
La fiscal Viviani pidió la prisión preventiva de los gremialistas luego del allanamiento en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.
La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani encabezó el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.
La fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.
Por esa protesta de Camioneros, denunciada ante la Justicia, quedaron detenidos el 8 de abril pasado Cabaleyro y Espíndola. Están acusados por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión (que tiene una pena máxima de 10 años de cárcel) y extorsión en grado de tentativa.
El kirchnerismo intenta interferir en este caso a través del diputado Leopoldo Moreau, quien, su carácter de titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, pidió a Maiztegui un legajo reservado del expediente en el cual procesó a Maximiliano Cabaleyro, jefe de la seccional San Nicolás de Camioneros, y a Fernando Spíndola, dirigente de San Pedro. Pero la Asociación Argentina de Fiscales consideró una “injerencia indebida” el pedido del diputado, “soslayando y dando por tierra toda la doctrina y preceptos de la división de poderes y el federalismo de nuestra Constitución”.
“De aceptar la práctica intromisoria sobre la labor fiscal que se pretende, implicaría en los hechos que la mera referencia ante una comisión en sede legislativa permitiría una suerte de causa paralela, sin juez ni fiscal, sin garantías y sin jurisdicción, lo que dejaría a la población a la suerte de comisiones especiales de juzgamiento prohibidas por nuestra Constitución Nacional en su artículo 18″, se afirmó en un comunicado de la entidad que encabeza Marcelo Varona Quintián.
En respaldo de Maiztegui y Viviani, la Asociación de Fiscales advirtió que no surge de la Ley de Inteligencia Nacional que invoca Moreau para fundamentar su pedido “ninguna facultad expresa ni implícita que autorice a un legislador nacional a intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal expresamente previsto en la ley provincial y, además, controlar el desempeño de las/los magistrados/das en las causas por las que ante ellos tramitan, más aún cuando la función de la Comisión Bicameral de Inteligencia supervisa y sólo se ejerce sobre los organismos del sistema de Inteligencia Nacional, quienes deberán suministrar la información que la Comisión solicite”.
La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, dueña de la empresa de San Pedro que fue bloqueada, anticipó que la semana próxima presentará en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra Moreau por obstrucción de justicia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque “trata de interferir en una investigación” y “forma parte de una Comisión Bicameral, que debería tener mayoría opositora, para controlar los servicios de inteligencia de la actualidad y no los hechos que sucedieron antes, que tiene que investigar un juez”.
También denunció que el legislador kirchnerista “está arrancando confesiones extrajudiciales en esa comisión parlamentaria para que después sean utilizados en procesos penales contra esas personas, la mayoría de la oposición y, por lo tanto, eso se llama apremios ilegales”.
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