La propuesta de dolarización recoge más críticas que apoyos entre economistas
La propuesta de dolarización recogió más críticas que apoyos entre economistas de diferentes tendencias, principalmente por considerar que el Banco Central no cuenta con las divisas suficientes para el rescate de todos los pesos en circulación y mucho menos si se incluyen los pasivos remunerados, como las leliqs y pases pasivos.
Télam consultó a Nicolás Cachanosky (Universidad de Texas, coautor con Emilio Ocampo de «Dolarización: Una solución para la Argentina), Diego Giacomini (director de Economía & Ética), Andrés Asiaín (director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz), Gustavo Reyes (Fundación Mediterránea y profesor de la Universidad de Cuyo), Sebastián Menescaldi (director de EcoGo) y Claudio Caprarulo (director ejecutivo de Analytica), quienes dieron a conocer sus posturas sobre el tema que plantea el diputado y precandidato presidencial Javier Milei.
Para Caprarulo «la dolarización requiere una devaluación tan alta que generaría una caída muy grande en los salarios y una pérdida de competitividad para las empresas argentinas», además de «perder la posibilidad de hacer política cambiaria y monetaria, dos herramientas muy importantes para cualquier gobierno».
Para Cachanosky, la desventaja de no poder hacer política monetaria es «teórica» ya que «en los hechos, el Banco Central ha demostrado ser incapaz de hacerla y emite pesos que el mercado no demanda, por lo que no puede operar como prestamista de última instancia; no se puede perder lo que no se tiene».
Menescaldi le puso un número a la cotización requerida para el rescate de pesos con el actual nivel de reservas líquidas: «si hoy si canjeamos la base monetaria por las reservas internacionales netas, el tipo de cambio necesario sería de $ 4.632, se necesitarían aproximadamente US$ 23.000 millones para poder dejar la paridad a los valores actuales».
«Es cierto que se podría llegar a vender parte de los bonos que hoy tiene el BCRA y convertir las letras intransferibles en nuevos bonos, pero a las paridades actuales el tipo de cambio exige una depreciación de la moneda cercana al 100%, más allá de que no sé de dónde sacaríamos el apetito del mercado para tal emisión de deuda», completó.
Para Asiaín, «con una devaluación que lleve al dólar oficial a $ 400, para rescatar a todos los billetes y monedas harían falta más o menos US$ 10.000 millones cash de un día para el otro», señaló.
«Si se agregan los depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente, sin incluir al sector público, se necesitarían US$ 20.000 millones más. O sea, habría que tener US$ 30.000 millones para rescatarlos a un dólar de $ 400. Si se le suman los plazos fijos, unos US$ 20.000 millones más, habría que poner US$ 50.000 millones», ejemplificó.
Reyes indicó que «si el dólar se mantuviera en la cotización del mayorista, para rescatar los pasivos monetarios harían falta US$ 82 mil millones. Con un dólar a $ 400, necesitaríamos US$ 45.175 millones y con uno a $ 800, US$ 22.587 millones«.
«El Banco Central tiene reservas por unos US$ 36.500 millones, pero una parte son de los depositantes (los encajes), otra parte la prestaron los chinos, está en yuanes, y otra parte los organismos internacionales, entonces tiene menos de US$ 2.000 millones propios«, manifestó.
El CEPA: la dolarización es un «recurso facilista» que conduce a la «licuación salarial»
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) rechazó la opción de dolarización por considerarla un «recurso facilista para reunir consensos en torno al camino de licuación salarial» que, según las opciones de conversión elegidas, podría representar una pérdida del poder adquisitivo del 68% al 98%.
«La dolarización no resuelve la raíz estructural de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina, sino que elimina la moneda propia, ajusta drásticamente el déficit fiscal (con lógico impacto en partidas sociales) y licúa salarios, abandonando la opción productiva», sostuvo la entidad dirigida por Hernán Letcher.
El CEPA catalogó a la dolarización como «un cambio de ordenamiento profundo para virar hacia una economía para unos pocos», con dos etapas: «el ajuste inicial (esencialmente una reducción de la participación de los salarios en la economía) y las limitaciones posteriores derivadas del corset dolarizador».
Asimismo, recordó la participación del diputado Javier Milei el 18 de abril en el Foro Llao Llao, en el que reiteró su propuesta de dolarización al sostener que «lejos de traer problemas, trae muchas soluciones» y su principal beneficio «es terminar para siempre con la inflación».
«En el contexto actual (y recurrente en la economía argentina) de escasez de dólares, la dolarización implicaría una mega devaluación para reemplazar los pesos existentes con los dólares que tiene en forma neta el BCRA», advirtió.
Al respecto, consideró las diferentes opciones de conversión de pesos a dólares, que en todos los casos «supone un gran ajuste en el valor del tipo de cambio», con impacto directo «en salarios e ingresos de la población».
De esas opciones, surgen cuatro escenarios de devaluación:
Si se opta por reemplazar a la Base Monetaria ($ 5.15 billones) con respaldo de las reservas netas del Banco Central (US$ 1.800 millones), el tipo de cambio resultante sería un dólar a $ 2.860.
Si en ese reemplazo se la suma a la Base Monetaria los pasivos remunerados (leliqs, notaliqs y pases pasivos, unos $ 12,64 billones), el valor ascendería a $ 9.880 por dólar.
En caso de canjear la Base Monetaria por las reservas netas más la liquidación de otros activos del Banco Central (títulos públicos, letras intransferibles y adelantos al Tesoro, equivalentes a US$ 5.500 millones), resultaría una paridad de $ 705 por dólar.
Por último, si se le suma a la Base Monetaria los pasivos remunerados, el tipo de cambio necesario para concretar la dolarización sería de $ 2.430 por dólar.
De cada una de esas opciones resultan diferentes niveles salariales en dólares, tomando para el cálculo un salario bruto promedio del sector privado de 6.375, equivalente a uno neto de 7.900 u 840 dólares a un tipo de cambio oficial de $ 224.
La opción más benévola, la de un dólar a $ 705, implicaría reducir ese nivel salarial a US$ 266, con una caída del 68% respecto de su valor actual.
En los otros tres casos, la licuación salarial sería aún mayor: con una conversión a $ 2.430, el salario caería a US$ 77 (90% de pérdida); si el tipo de cambio es el de .860, el haber descendería a US$ 66 (-92%) y con uno de .880, se reduciría a US$ 19 (-98%).
El CEPA concluyó su análisis asegurando que «la dolarización aparece como recurso facilista para reunir consensos en torno al camino de licuación salarial que, hasta ahora en Argentina, no pudieron lograr de manera definitiva en cada avance neoliberal».
Asimismo, expresó que «rescatar todos esos pesos implica que hay que licuar una parte muy importante de los pasivos, pero el problema es que detrás de ellos tenemos nuestros activos, los pesos que tenemos acá. Y hoy, el nivel de pobreza está arriba del 40%», advirtió.
Giacomini sostuvo que la propuesta de Ocampo y Cachanosky «se basa en que la Argentina va a tomar un crédito al que no tiene acceso; propone que el Tesoro cambie las letras intransferibles que le colocó al Banco Central, que no tienen valor de mercado».
«Dice que esos US$ 30.000 millones (por los pasivos remunerados canjeados aun dólar a $400) los pone en un fideicomiso para que le sirvan de garantía para emitir unos US$ 10.000/ US$ 12.000 millones más para rescatar la Base Monetaria, pero ¿Quién le va a dar esos dólares y a cuánto va a cotizar esa nueva deuda?», se preguntó.
También cuestionó que «permite que siga habiendo intermediación financiera bajo una dolarización, cuando no están encajados 100% los depósitos en dólares. Los bancos van a seguir teniendo la capacidad de inventar argendólares, eso es el génesis de una potencial futura corrida y un descalabro gigantesco».
Para ese caso, aseguró, «hay que que permitir una banca offshore» para que las casas matrices respondan con los dólares necesarios, pero surge la duda sobre «quién va a poner los dólares» en el caso de los bancos estatales y privados de capital nacional, «que también van a tener intermediación financiera y multiplicar argendólares».
La dolarización: mucho más que cambiar pesos por dólares
Las distintas opciones de dolarización llevan consigo una serie de dificultades en su implementación que van más allá de la adopción de la moneda estadounidense en reemplazo del peso, de acuerdo con la evaluación de diferentes economistas, entre los que la pérdida de la facultad de diseñar política monetaria por parte del Banco Central figura entre los principales puntos en contra.
«Hemos tenido muchas corridas cambiarias y de depósitos, son episodios muy violentos», señaló Gustavo Reyes, de la Fundación Mediterránea, quien agregó que «si el Banco Central no puede financiar a los bancos, se cae el sistema financiero».
En el mismo sentido se expresó Andrés Asiaín, del CESO, quien alertó que «no podría haber un salvataje a un banco, porque no hay capacidad de emisión para rescatar depósitos y cualquier corrida en el mercado de bonos no tendría piso».
Reyes admitió que «cualquier tipo de política económica tiene costos y beneficios, si es buena o no, depende básicamente de cuándo y dónde se la realice», en una discusión en la que «nadie va a tener la razón, cada uno va a tener su corazoncito, y la dolarización es un buen ejemplo de esto».
Al respecto, sostuvo que un intento de dolarización en la Argentina «no cumple con tres requisitos» necesarios a su juicio para implementarla como que la economía de nuestro país y la de Estados Unidos tengan «ciclos sincronizados, mercados laborales integrados y transferencias intergubernamentales».
«¿Creen que porque estemos en recesión Estados Unidos nos va a dar una transferencia? Ojalá, pero no parece ser el caso», planteó.
En base a la experiencia ecuatoriana, Reyes indicó que la dolarización tiene «beneficios en el corto plazo y costos en el mediano», señalando entre los primeros a «la baja de la inflación, no instantáneamente, pero sí rápidamente» en especial para los bienes transables, «no así en los servicios».
Entre los costos, señaló que por la rigidez de la dolarización «cuando la economía entra en recesión, se ajusta con deflación», lo que genera que «se posterguen los consumos para comprar más barato a futuro y entonces cada vez se vende menos».
En ese contexto, apuntó, «si una empresa está endeudada y sus productos no sólo no se venden, sino que cada vez valen menos, la deuda en términos reales se hace cada vez más grande».
Reyes advirtió que «la dolarización no implica que sí o sí se ajusten las cuentas fiscales, uno de los enormes problemas que tiene la Argentina», con el agravante que, como ya ocurrió en Ecuador, «el exceso de gasto se financió con deuda, porque no tienen herramienta política para financiarse, y varias veces cayó en default».
Como la dolarización puede ser reversible y si persisten los problemas fiscales, Reyes se preguntó «¿quién garantiza que una provincia grande no saque su propia cuasimoneda?».
Del mismo modo, señaló que «no es garantía de que vaya a crecer la economía», tal como pasó también en Ecuador a partir de 2014.
«Podría pensarse que, sin riesgo cambiario, tendría que bajar la tasa de interés, pero es relativo, porque si hay una deuda y no se tiene la maquinita, hay un riesgo mayor y no necesariamente la prima cae», agregó.
Por otra parte, indicó que «un sistema de dolarización no puede amortiguar la caída de los precios de las exportaciones, una situación en la que Argentina generalmente entra en problemas».
Desde otra perspectiva, Cachanosky puntualizó que «una dolarización no es una mera reforma de política monetaria, es fundamentalmente una reforma institucional», y citó al respecto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien, aseguró, «no tiene dudas de que la dolarización fue lo que evito que bajo Rafael Correa Ecuador termine siendo otra Venezuela, no es un aporte menor».
Asimismo, aseveró que, «con límites, la dolarización ´protege’ al sector privado de los desajustes del sector público», poniendo como ejemplo a que «ninguno de los países dolarizados de la región (Ecuador, El Salvador, Panamá) han tenido crisis bancarias o cambiarias, que tan comunes son en la Argentina».
Por último, Giacomini planteó que «a Ocampo no se le ocurrió, por ejemplo, como había planteado (el ex secretario de Hacienda, Pablo) Guidotti a finales de los ’90, hacer un convenio con Estados Unidos, que garantizaba determinado nivel de señoreaje, o sea de dólares a emitir y poner para la dolarización argentina».
Ante esos cuestionamientos, Cachanosky remarcó que junto con Ocampo «no estamos proponiendo dolarizar hoy, por lo que todos los cálculos son importantes, interesantes, pero dista de ser definitivos».
«En nuestra propuesta, una dolarización se hace bajo un escenario donde hay un nuevo gobierno que gana las elecciones y pone sobre la mesa una serie de reformas. Es otro contexto, con otro riesgo país y otro nivel de reservas. Por ejemplo, un nuevo gobierno puede decidir dolarizar en abril o mayo, en lugar de hacerlo apenas asumido en diciembre», aclaró.
En ese sentido, sostuvo que «quienes miran el tipo de cambio de conversión hoy, cometen el error conceptual de confundir el cómo dolarizar con el cuándo dolarizar», además de señalar «dos errores» en las críticas.
«El primero es creer que hacen falta todos los dólares necesarios el día uno; no es el caso como claramente muestran las experiencias de Ecuador y El Salvador: en el primer caso se puso una fecha límite para el retiro de circulante y en El Salvador el circulante es válido de manera indefinida».
El segundo cuestionamiento pasa por «creer que sólo las reservas se pueden usar en el caso de una dolarización», cuando «el BCRA tiene otros activos financieros (principalmente las Letras Intransferibles) que se pueden monetizar, lo que permite recatar las Leliq en, digamos, un plazo de cuatro o cinco años; de este modo se evita tener que implementar un Plan Bonex», finalizó.
