Clausuraron aeronave fumigadora sin habilitación

Noticias 21/09/2018 Por
Como resultado de un operativo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en La Carbonada.
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Inspectores de la dirección general de Fiscalización y Control dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con personal del área de Seguridad Operacional perteneciente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizaron inspecciones en los aeródromos de la localidad cordobesa de Isla Verde, ubicada en el departamento Marcos Juárez.

Como resultado de dichos procedimientos se procedió a la clausura de una aeronave que no tenía habilitación por parte de la cartera productiva provincial, ni la inscripción (dibujo) de la matrícula en el fuselaje, motivo que llamó la atención de los inspectores de la ANAC.

Si bien la empresa inspeccionada contaba con el Certificado de Trabajo Aéreo, la avioneta encontrada en el hangar no se encontraba afectada. Ambas reparticiones constataron las diferentes irregularidades, según las leyes de competencia de cada uno de los organismos intervinientes.

En este sentido y en lo que respecta a la Ley provincial 9.164 de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario, como ya se mencionó la aeronave no se encontraba habilitada para realizar pulverizaciones, por lo que se procedió a la clausura colocando precintos en la llave de tres vías (comando que produce la liberación del producto), en la válvula y en los botalones. Asimismo, se procedió a la colocación de una faja de clausura sobre el tanque de carga.

Por su parte, la ANAC prohibió el despegue de la aeronave al no estar en condición de aeronavegabilidad, salvo autorización explícita de este organismo para realizar lo que se denomina vuelo seguro, hasta que la aeronave llegue al taller para su revisión.

Estos controles en conjunto con la Administración Nacional de Aviación Civil son parte del compromiso asumido desde hace tiempo con la Cámara de Aeropalicadores de Córdoba y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), en la fiscalización y control de los sujetos comprendidos en la ley provincial.

Precisamente, este fue uno de los ejes principales que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se desarrollaron en el XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, que se realizó en la ciudad de Villa María del 22 al 24 de agosto pasado. Allí, el ministro Sergio Busso hizo referencia a esta sinergia entre los organismos intervinientes en la actividad de la pulverización aérea, y el director de Fiscalización y Control, Martín Gutiérrez, disertó sobre el particular.

En La Carbonada

El Ministerio de Agricultura y Ganadería también continúa realizando operativos de control sobre máquinas terrestres, en función de la Ley 9.164 de agroquímicos. En esta oportunidad, se llevó adelante un procedimiento en la localidad de La Carbonada, departamento Santa María. Como resultado se clausuraron tres máquinas pulverizadoras de arrastre por no contar con las habilitaciones correspondientes.

Las acciones se originaron a causa de una denuncia que fue recibida en el número 0800-8888-2476 (AGRO) que la cartera tiene operativo para tal fin. Si bien la información que se brindó no fue precisa, se informó que en dicha zona se realizaban aplicaciones de agroquímicos sin hacer uso de la receta fitosanitaria on line.

En función de lo expuesto, se hicieron consultas en el sistema informático que es soporte de la confección de las recetas, y se constató la veracidad del hecho denunciado. En función de ello se programaron inspecciones de oficio en aquellos establecimientos que no tenían las recetas correspondientes.

En tres de esos lugares se verificó la existencia de máquinas de arrastre, utilizadas para la aplicación de productos fitosanitarios, sin contar con las habilitaciones, lo que derivó en la inmediata su clausura. Estos operativos se enmarcan en el Programa General de Fiscalización y Control, a partir del cual se establece un esquema de acciones en toda Córdoba y la actuación inmediata en casos de denuncias.

El uso de la receta fitosanitaria no solamente constituye una obligación impuesta por una ley provincial, sino que constituye una herramienta contundente de prueba ante un hecho denunciado.