Defagot habló tras críticas por el siniestro vial en ruta 8
Con la herida abierta por la reciente pérdida de dos jóvenes vidas -una en la Ruta Nacional 8 y otra en el centro de Arias-, el intendente de Arias, Javier Defagot, dio explicaciones en Imagen Regional tras algunas manifestaciones de vecinos. El mandatario fue a marcar distancia de las críticas de las redes sociales y a exponer un laberinto de expedientes truncos en una Vialidad Nacional que hoy parece apenas un recuerdo, paralizada tras los amagues de cierre o disolución por la motosierra de la gestión de Javier Milei.
Visiblemente afectado, Defagot trazó una línea divisoria entre la angustia genuina y los señalamientos desinformados. Aclaró que fue su propio equipo el primero en ver el peligro al que se exponen cada madrugada más de 400 operarios fabriles en bicipleta o moto, por banquinas y sumidas en la oscuridad, y procedió a desarmar el mito de la inacción local exponiendo el "vía crucis" de los trámites.
El fantasma de Vialidad Nacional y la cronología del fracaso
El intendente desglosó un historial de gestiones que chocaron sistemáticamente contra la falta de fondos de un organismo nacional en franco retroceso:
- 19 de septiembre de 2024: El municipio dio el primer paso presentando un robusto proyecto de 119 fojas ante la sede de Vialidad Nacional en Córdoba.
- 26 de mayo de 2025: Se redobló la apuesta, pidiendo formalmente que el organismo nacional se hiciera cargo de instalar las barreras de contención (guardarraíles).
- 19 de junio de 2025: Llegó la respuesta oficial con un sabor agridulce que terminó siendo trágico. Vialidad aprobó el componente de iluminación, pero rechazó el proyecto general. La excusa: faltaban las defensas tipo FlexBeam exigidas por seguridad vial, y el Estado nacional admitía no tener presupuesto ni obras planificadas para proveerlas.
- 2 de octubre de 2025: La insistencia llevó a Defagot a Buenos Aires, reuniéndose cara a cara con el director de Vialidad y el ingeniero Fernando Novoa.
- 30 de enero de 2026: La respuesta final fue la misma. La motosierra ya era una realidad y la negativa por falta de fondos se volvió definitiva.
La trampa legal y el dinero
Ante el clamor popular de hacer la obra "de pecho" —es decir, avanzar sin permiso— Defagot fue tajante. Explicó que el problema no es financiero, sino legal.
La provincia aportó 120 millones de pesos a través del FOCOM para una obra que supera los 500 millones. Hoy, la Municipalidad de Arias tiene resguardados 220 millones de pesos en el fondo de inversión Champaquí de Bancor, listos para comprar y encender las luces. Sin embargo, plantar columnas de acero a la vera de una ruta nacional sin la autorización pertinente de Vialidad convertiría al municipio en responsable civil y penal ante cualquier accidente. “Hacer la obra sin permiso haría al municipio civil y penalmente responsable en caso de que un vehículo impacte contra una de esas columnas”, detalló, evidenciando la impotencia de disponer de algunos recursos pero a la vez tener las manos atadas por la jurisdicción.
La noche de la tragedia y el abandono de la concesionaria vial
El mandatario municipal desnudó la desidia en su máxima expresión. Defagot reveló que, el mismo día del accidente fatal, le escribió directamente al ingeniero Novoa de Vialidad: "¿Cuántas vidas más deben perderse en mi localidad por no colaborar y no escuchar mi pedido? Desde el municipio nos hicimos cargo de la inversión en el proyecto eléctrico y nos hacíamos cargo de la ejecución del mismo".
La respuesta oficial (esta vez del ingeniero Campoy) fue deslindar responsabilidades hacia Corredores Viales, la empresa concesionaria de la ruta. El epílogo de la historia raya en lo insólito: al comunicarse con la empresa para exigir el arreglo de las banquinas descalzadas, Corredores Viales admitió no tener ni maquinaria ni piedras.
Fue la propia Municipalidad de Arias la que tuvo que movilizar sus equipos de trabajo, sus herramientas y su material para acomodar el terreno. ¿El aporte de la concesionaria que cobra los peajes? Apenas un banderillero.
Conclusión: el Estado Nacional ausente y en retirada, una concesionaria vaciada, y una comunidad que sigue llorando a sus muertos a la orilla de la Ruta 8.
