Pietragalla Corti analizó el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional

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Foto Edgardo Valera archivo
Foto: Edgardo Valera (archivo).

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se reunió este miércoles con el diputado del Frente de Todos (FdT) Ramiro Gutiérrez para abordar el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional y ambos coincidieron en la necesidad de que sea tratado este año por “la gravedad del tema”.

Durante el encuentro, Pietragalla Corti y Gutiérrez -presidente de la comisión de Seguridad Interior y miembro de la comisión Bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior de la Cámara baja- intercambiaron experiencias y estuvieron de acuerdo en “la necesidad y urgencia de que la ley pueda sancionarse este año por la gravedad del tema”, informó la Secretaría de Derechos Humanos desde su cuenta de Twitter.

El proyecto, impulsado por la cartera que encabeza Pietragalla Corti con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de familiares de víctimas, crea “herramientas concretas” para combatir la problemática y unificar políticas contra la violencia institucional en todo el país.

También contempla la creación de centros de denuncias provinciales, de un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas.

La propuesta legislativa busca garantizar el acceso a la justicia, fijar pautas procesales para investigar los hechos y otorgar asistencia y reparación económica a las víctimas.

Desde la Secretaría destacaron además que el proyecto establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas así como políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.

Según informó el mes pasado el Centro de Denuncias de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, sólo en el primer trimestre del año se denunciaron 219 casos de violencia institucional.

Los casos fueron denunciados a nivel nacional, siendo la provincia de Buenos Aires y el servicio penitenciario de ese distrito los ámbitos con más hechos, según se informó oficialmente.

La distribución completa de las denuncias fue la siguiente: acceso a la justicia (40), salud (37), condiciones de alojamiento (27), apremios (22), lesiones (21), hostigamiento (17), muerte (15), amenazas (15), detención arbitraria (12), causa armada (5), violencia de género (5), desaparición forzada (1) y otros (2).

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